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Nuevo gobierno brasileño utiliza protestas para justificar nueva legislación severa

Las nuevas leyes incluyen la criminalización de la desinformación electoral, sanciones adicionales para los miembros del servicio

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Yudi Sherman

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January 25, 2023

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10:29 AM

Nuevo gobierno brasileño utiliza protestas para justificar nueva legislación severa

El gobierno de Brasil está proponiendo una legislación para enjuiciar los delitos contra el “Estado Democrático de Derecho” después de que los manifestantes que protestaban contra las elecciones fraudulentas la semana pasada irrumpieran en edificios federales.

Millones de brasileños llevan meses protestando por las elecciones presidenciales, declaradas a favor de Luiz Inácio Lula da Silva en octubre, un expresidente de izquierda que fue encarcelado por corrupción. Muchos insisten en que las elecciones fueron fraudulentas y continúan exigiendo que el presidente de derecha Jair Bolsonaro conserve su puesto.

Durante más de dos meses, las ciudades y calles de Brasil han estado plagadas de manifestaciones después de que las auditorías de las máquinas de votación descubrieran irregularidades significativas en las votaciones que podrían haber ayudado a Lula a cruzar la línea de meta con el 50,7% de los votos, el margen más estrecho en la historia de Brasil. Algunas áreas también informaron cero votos para Bolsonaro.

Durante una protesta del 8 de enero aparentemente diseñada para replicar la del Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero, los manifestantes brasileños irrumpieron en los palacios de Planalto, Alvorada y Jaburu, las sedes del Congreso, la Corte Suprema y la oficina presidencial del país.

Los informes oficiales alegan que la administración de Lula sabía de antemano que los edificios serían vulnerados.

El motín provocó una reacción similar a la del 6 de enero, que incluyó una gran cantidad de apoyo a Lula y críticas generalizadas a los brasileños de derecha tanto de los medios de comunicación como de los líderes mundiales. Esos líderes, incluidos Joe Biden y el dictador venezolano Nicolás Maduro, condenaron enérgicamente a los manifestantes por su “asalto” a las “instituciones democráticas” de Brasil.

Ahora el gobierno de Lula está preparando un conjunto de leyes para reprimir a quienes amenazan las “instituciones democráticas” las cuales el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública presentará a Lula para su aprobación en un plazo de cinco días. El proyecto está siendo encabezado por el Secretario de Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia y Diputado Federal, Elias Vaz.

Entre las leyes que se proponen está un nuevo código penal para los delitos contra el “Estado Democrático de Derecho” que incluirá un procesamiento más rápido de este tipo de delitos, según Revista Oeste.

También se está discutiendo una nueva “fuerza de seguridad pública” para proteger los tres edificios federales que fueron violados durante la protesta de la semana pasada, así como las embajadas.

"No podemos depender de una intervención federal para que el gobierno tenga autonomía de acción para la defensa de la seguridad de los Tres Poderes", dijo Vaz a O Globo.

Pero principalmente, el ministerio propone revivir un proyecto de ley vetado por el expresidente Jair Bolsonaro en 2021 debido a la autoridad ilimitada que otorga al gobierno.

Un artículo del proyecto de ley criminalizaría la desinformación relacionada con las elecciones, descrita como "promoción o financiación de una campaña para difundir hechos que se saben que son falsos y que son capaces de comprometer la pureza del proceso electoral".

Como señaló Bolsonaro cuando vetó el proyecto de ley, el proyecto de ley no especifica qué conducta estaría sujeta a criminalización, o si el que generó la noticia o el que la compartió (incluso sin la intención de amplificarla) estaría sujeto al enjuiciamiento.

Otro artículo vetado que podría someterse a aprobación contemplaría el aumento de las penalizaciones y la pérdida de rango y cargo para los militares involucrados en actos contra el Estado Democrático de Derecho.

Bolsonaro había vetado el proyecto de ley porque estaba “poniendo a los militares en una situación más grave que otros agentes estatales, además de representar un intento de impedir las manifestaciones de pensamiento que emanan de grupos más conservadores”.

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