Un ministro de alto rango de Brasil trató de impedir que los funcionarios electos asumieran el cargo por amenazar al “estado de derecho democrático” con sus inclinaciones políticas, según los medios brasileños.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia y Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, solicitó este sábado a la Procuraduría General de la República (PGR) prohibir que 11 legisladores, recientemente electos como miembros de la Cámara de Diputados, asuman el cargo el 1 de febrero. Moraes acusó a los diputados electos de alentar una protesta el 8 de enero en la que los manifestantes asaltaron edificios federales en protesta por elecciones fraudulentas.
Moraes exigió al gobierno presentar una demanda, que fue elaborada por abogados del grupo izquierdista Prerrogativas, en contra de los recién electos congresistas de derecha, de quienes dijo que son “inelegibles” por su “participación o apoyo y difusión de actos golpistas y terroristas, practicando así actos delictivos y contrarios al Estado democrático de derecho”.
Entre los congresistas acusados se encuentra Nikolas Ferreira (PL-MG), quien obtuvo la mayor cantidad de votos de cualquier representante en el país y la tercera mayor cantidad de votos en la historia de Brasil. Los otros son Luiz Ovando (PP-MS), Marcos Pollon (PL-MS), Rodolfo Nogueira (PL-MS), João Henrique Catan (PL-MS), Carlos Jordy (PL-RJ), Rafael Tavares (PRTB-MS ), Silvia Waiãpi (PL-AP), André Fernandes (PL-CE) Sargento Rodrigues (PL-MG) y Walber Virgolino (PL-PB).
Moraes le dio a la PGR 24 horas para responder.
La PGR respondió el mismo día, diciendo que no hay justificación para la solicitud del ministro de Justicia porque no había evidencia de que los legisladores hubieran cometido algún delito.
“Es obvio que si surgen nuevos elementos que indiquen que los parlamentarios contribuyeron a los delitos, serán investigados y eventualmente procesados en la forma de la legislación vigente”, escribió el vicefiscal general Carlos Frederico Santos.
Pero sin estos elementos mínimos, dijo Santos, tal solicitud “vulnera derechos y garantías fundamentales, sometiendo al investigado a coacción ilegal, en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema”.
La preocupación de Moraes por el “estado de derecho democrático”, que utilizó para tratar de interrumpir el proceso electoral, también se está utilizando para justificar una nueva legislación severa en respuesta a la protesta del 8 de enero.
Entre las leyes que se proponen está un nuevo código penal para los delitos contra el “Estado Democrático de Derecho” que incluirá un procesamiento más rápido de este tipo de delitos, según Revista Oeste.
