El gobierno de Brasil está liberando reclusas para hacer espacio a las mujeres que estuvieron presentes en una protesta contra las elecciones fraudulentas la semana pasada. Los manifestantes irrumpieron en los palacios de Planalto, Alvorada y Jaburu, sedes del Congreso, la Corte Suprema y la oficina presidencial del país.

Millones de brasileños llevan meses protestando por las elecciones presidenciales, declaradas a favor de Luiz Inácio Lula da Silva en octubre, un expresidente de izquierda que fue encarcelado por corrupción. Muchos insisten en que las elecciones fueron fraudulentas y continúan exigiendo que el presidente de derecha Jair Bolsonaro conserve su puesto.

Durante más de dos meses, las ciudades y calles de Brasil han estado plagadas de manifestaciones después de que las auditorías de las máquinas de votación descubrieran irregularidades significativas en las votaciones que podrían haber ayudado a Lula a cruzar la línea de meta con el 50,7% de los votos, el margen más estrecho en la historia de Brasil. Algunas áreas también informaron cero votos para Bolsonaro.

Las autoridades brasileñas han arrestado más de 1.230 presos políticos relacionados con las protestas de la semana pasada. Según al menos un oficial, a todos los están acusando de los mismos ‘delitos' con penas de 15 años o más y están siendo acusados "todos a la vez, con los mismos artículos, sin investigación, sin pruebas y sin individualización de conducta”, es decir, ‘quién hizo qué’”.

Según los informes, algunos no cometieron ningún delito, pero el gobierno de Lula los acusa como si hubieran irrumpido en las instalaciones del gobierno.

Al menos 518 de los arrestados son mujeres que pueden o no haber participado en la protesta, según Pleno News. A pedido del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, la Penitenciaría Femenina del Distrito Federal de Colmeia liberó a 85 reclusas para dar cabida a las nuevas prisioneras. Las reclusas liberadas se encuentran entre las que están autorizadas a salir del recinto penitenciario durante el día bajo supervisión. Continuarán siendo monitoreadas electrónicamente.

Un oficial de policía familiarizado con el proceso penal contra los manifestantes dijo que la mayoría de los arrestados en relación con la protesta de la semana pasada son "gente humilde y decente, familias enteras cuyo 'verdadero crimen' fue acampar frente al cuartel general del ejército, creyendo que estaban protegidos por él, manifestándose por la libertad”.